Cort tiene la voluntad de alcanzar el máximo consenso en la aprobación de esta ordenanza

Palma, 24 de octubre de 2013. - El teniente de alcalde de Turismo y Coordinación Municipal, Álvaro Gijón, y el regidor de distrito de Playa de Palma y Centro, Joan Reus, han mantenido hoy dos reuniones con representantes vecinales y agentes sociales para explicarles el contenido del borrador de la ordenanza de convivencia cívica que ha redactado.

A la primera reunión, que ha contado también con la presencia de la teniente de alcalde de Trabajo, Juventud y Participación, Esperanza Crespí, han asistido en representación de las organizaciones vecinales José María Mulet y Miquel Ángel Colom, de FEPAE, y Juan José Forteza, de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma.

A la segunda reunión, donde ha estado presente la concejala de Bienestar Social e Igualdad, Ana Ferriol, han asistido representantes de Médicos del Mundo, Cáritas, Cruz Roja, Casal Petit y Amaranta.

El equipo de gobierno ha manifestado desde el primer momento su voluntad de llegar al mayor consenso posible en relación a esta futura ordenanza. Para ello se han programado estas reuniones para escuchar las sugerencias y demandas de vecinos y entidades sociales.El Ayuntamiento ha trabajado de forma coordinada en la elaboración del borrador de la ordenanza de convivencia cívica durante 8 meses con el objetivo de contar con una normativa responda con efectividad a los problemas reales de la ciudad.

Una vez finalizada esta primera ronda de contactos y después de la aprobación en junta de gobierno del proyecto de ordenanza, se abrirá otro periodo de alegaciones donde los grupos políticos y la oposición pueden hacer sus aportaciones. También se presentará al Consejo Social de la Ciudad, donde tienen representación diferentes entidades ciudadanas.

La futura ordenanza no tendrá afán recaudatorio. De hecho, la cuantía de las sanciones está al límite mínimo que permite la normativa y se minimiza la arbitrariedad a la hora de aplicar la sanción.

Además, cuando entre en vigor, habrá un periodo de transición durante el cual la Policía Local y las diferentes áreas podrán informar a todas las personas que puedan verse afectadas por la nueva normativa.