El Ayuntamiento de Palma exigirá a la entidad financiera que abone el impuesto de plusvalías e imposibilita su repercusión en quien la pierde

Palma, 24 de abril de 2013.- El portavoz del equipo de Gobierno municipal y teniente de alcalde de Economía y Hacienda, Julio Martínez, ha anunciado hoy una modificación en la ordenanza fiscal municipal por la que aquellas familias que se vean en la obligación de abandonar su vivienda habitual por una dación en pago a una entidad financiera no tengan la obligación de ateniente de abonar las plusvalías correspondientes a este impuesto. Con esta medida, será la entidad financiera que ha ejecutado la dación en pago la que asumirá este impuesto fiscal. La medida beneficiará a todas las personas que certifiquen que se encuentran en riesgo de exclusión social, según el umbral regulado en el Real Decreto-Ley de 6/2012 .

Julio Martínez explicó que el equipo de Gobierno, consciente de la dramática situación por la que atraviesan las personas afectadas por las hipotecas, "da hoy un paso más aprobando una reforma fiscal municipal que beneficiará a las personas afectadas por la dación en pago de un inmueble y que, hasta ahora, también tenían que asumir el impuesto de plusvalías". En este sentido, Julio Martínez adelantó que "se ha aprobado que aquellas personas que se encuentren en riesgo de exclusión social, según contempla la regulación nacional, y se vean en la obligación de abandonar la vivienda por una dación en pago, no deberán asumir el impuesto de plusvalías, sino que será la entidad financiera la que se hará cargo del pago de este impuesto. Esta medida va más allá ya que se prohíbe la existencia de pactos entre la entidad financiera y la persona afectada por la dación en pago para que el impuesto repercuta en esta última".Con el objetivo de evitar pactos y otras malas praxis, Cort ha modificado el proceso de liquidación de la plusvalía por lo que cuando una persona acuda a Cort, deberá de informar que ha tenido que dejar la vivienda por una dación en pago. En este sentido, ya no tendrá que realizar la autoliquidación del impuesto y serán los servicios tributarios del ayuntamiento quienes estudiarán si quien tiene que pagar el impuesto es la entidad financiera o no.

Modificación del PGOU de Santa Catalina.- El teniente de alcalde de Economía ha informado que el equipo de Gobierno ha aprobado inicialmente la modificación del PGOU en la barriada de Santa Catalina. Julio Martínez destacó que con esta modificación "Cort da un paso más en la protección de esta popular barriada palmesana pues el objetivo de esta modificación es delimitar este área de régimen especial del barrio". En este sentido, el equipo de Gobierno ha aprobado las condiciones necesarias que ha de recoger el plan de protección ambiental y arquitectónica y un régimen transitorio. La aprobación inicial no contempla moratorias aunque, tal y como indicó Julio Martínez "lo que sí se contempla es que cualquier actuación deberá contar con una autorización favorable del la Comisión del Centro Histórico y de Catálogo, así como el impacto que pueda tener una reforma urbanística en la zona. No estamos hablando de una paralización urbanística de la zona sino de crear filtros de control en la misma".

Obras de EMAYA en sa Llotja:- Cort ha aprobado una modificación por el que 1,7 millones procedentes del programa operativo de Fondos de Cohesión FEDER podrán ser destinados a impulsar la recogida selectiva y realizar actuaciones en la red de alcantarillado de la zona de sa Llotja con el fin de evitar las posibles inundaciones que se producen en episodios de fuertes precipitaciones. EMAYA recibió a través de estos fondos FEDER 18,4 millones para obras. Una vez realizadas estas actuaciones, se ha producido un ahorro de 1,7 millones que será destinado ejecutar los proyectos hoy aprobados.

Otros acuerdos.- El teniente de alcalde de Economía destacó que el equipo de Gobierno también ha aprobado la documentación necesaria que posibilitará el desarrollo de suelo industrial en una superficie de unas 21 hectáreas en un terrenos situados en Cas Pastors y la obligación de las sociedades municipales de disponer de un informe de Intervención Municipal en los pliegos de adjudicaciones siempre que los concursos superen el medio millón de euros.