Jesús Valls: "El nuevo polígono de almacenamiento de vehículos de Son Garcies Vell, supondrá mejoras ambientales, de servicios y de movilidad fundamentales"

El Ayuntamiento ha dispuesto medidas para asegurar la imposibilidad de especular, ya que los propietarios no pueden vender a no propietarios

La aprobación inicial de Son Garcies Vell evitó tres contenciosos contra Cort al tiempo de la aprobación inicial
Palma, 7 de abril de 2015.- El teniente de alcalde de Urbanismo y Vivienda, informó de que el Consejo de Gerencia ha procedido a aprobar inicialmente el plan parcial de Son Toells, el cual incluye suelo lucrativo y no lucrativo. Se trata de un espacio de 73.652 metros, ubicado en San Agustín, de los que 41.911 corresponden a suelo lucrativo, y 31.741 metros cuadrados a una cesión, o suelo no lucrativo.

El esquema fundamental incluye una manzana de viviendas ya existentes, las cuales ganan un espacio posterior, así como 7.882 metros cuadrados de zona verde en la parte Norte, y equipamiento social y deportivo mediante una nueva alineación del campo de fútbol del polideportivo, por petición del Instituto Municipal del Deporte. Por otra parte, el suelo lucrativo está distribuido en dos zonas, con posibilidad de parcelas de 400 y 1.000 metros cuadrados, respectivamente, destinadas a "todo tipo de equipamiento comercial".

Espacio para vehículos en Son Garcies Vell-. Por otra parte, Cort ha aprobado definitivamente un espacio de 180.000 metros cuadrados destinado a almacén de vehículos en el polígono de Son Garcies Vell. Según el teniente de alcalde, esta aprobación "supone mejoras de movilidad, de servicios y de calidad ambiental fundamentales a nivel turístico".

En total, se trata de un espacio de alrededor de 180.000 metros cuadrados, destinado de forma exclusiva al almacenamiento de vehículos, con una previsión de pequeñas construcciones de entre 2 y 20 metros de altura para la dotación de servicios. Los siguientes pasos deberán ser el Plan Parcial, el proyecto de urbanización y el proyecto de compensación.

Tramitación retomada-. El equipo de gobierno, en cumplimiento de su programa electoral, retomó la tramitación en julio de 2011, una tramitación "que cuenta con todos los informes preceptivos, vinculantes y no vinculantes", dos de los cuales han supuesto una considerable complejidad; esencialmente, la parte de la tramitación correspondiente a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, dada la huella acústica por la proximidad del aeropuerto, y la otra es una tramitación referente al segundo cinturón, con la necesidad de un informe preceptivo del Consell Insular de Mallorca.

Seguridad jurídica-. Esta modificación se inició a instancias del sector del transporte en 2005, se aprobó inicial y provisionalmente, y contaba con todos los informes para su aprobación definitiva. Sin embargo, el anterior equipo de gobierno de Aina Calvo la dejó sin efecto, por lo que se interpusieron tres procedimientos judiciales contra Cort. En 2011, el actual equipo de gobierno dejó sin efecto la anterior decisión de paralización, "buscando el consenso y evitando la petición de indemnizaciones millonarias", como ha dicho Valls, quien ha añadido que "la inseguridad jurídica es precisamente cambiar las reglas del juego a mitad de la partida". Cort vio favorablemente la aprobación sobre la base de informes jurídicos y técnicos que avalan esta modificación.

Valls ha manifestado que "en toda la legislatura, con el expediente abierto y procesos de información pública, la oposición sólo ha criticado desde el Pleno", sin aportaciones. Valls ha explicado también que se hace en este momento "porque es cuando tenemos todos los informes favorables", y se ha referido a que "la dejada sin efecto de la pasada legislatura es un ejemplo de inseguridad jurídica".

El Ayuntamiento de Palma ha dispuesto diversas medidas para asegurar, por un lado, la imposibilidad de especular, ya que existe un compromiso de los copropietarios, los cuales no pueden vender más que a otros propietarios del ámbito. Por otra, jurídicamente está previsto que se tenga que proceder al registro de la propiedad en un plazo máximo de cinco años, ya que de lo contrario quedaría sin efecto.